Defensoría emitió alerta por guerra entre el ELN y las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Casanare

Tres municipios y algunos sectores de Hato Corozal están en riesgo de desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores y otras vulneraciones de derechos humanos.

El municipio más alto del Casanare queda a 1.400 msnm ¿Hace frío?: esta es la temperatura promedio. Foto de Getty Images

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 027 de 2026 con la que advirtió sobre el riesgo de intensificación de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las Farc, en el departamento de Casanare, debido a la disputa por el control territorial que afecta también a Arauca y a Boyacá.

El riesgo se concentra en los municipios de La Salina, Sácama y Támara, así como para sectores de Hato Corozal, particularmente en el área donde se encuentra el resguardo indígena Chaparral Barro Negro.

De acuerdo con la Defensoría, la guerra involucra al Frente Adonay Ardila Pinilla, adscrito al Frente de Guerra Oriental del ELN, y al Frente 28, perteneciente al Comando Conjunto de Oriente del autodenominado EMC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

La alerta identifica un proceso de retoma y expansión territorial del Frente 28, con apoyo del Frente 10, mediante el traslado de organizaciones armadas y la instalación de campamentos en zonas de difícil acceso. Estas acciones estarían generando respuestas del ELN para contener el avance de sus adversarios.

Riesgos para la población civil

Uno de los aspectos que más preocupa a la Defensoría del Pueblo es el fortalecimiento de los mecanismos de control social y las restricciones impuestas a las comunidades por parte de los grupos armados ilegales.

Según la entidad, estas estructuras estarían implementando prácticas como la imposición de “manuales de convivencia” abusivos, registros casa a casa, requisas de dispositivos móviles, censos y confinamientos.

A esto se suma la instalación de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar en caminos veredales, predios agrícolas y zonas cercanas a centros educativos, lo que representa una amenaza para la vida e integridad de los habitantes.

La Defensoría también alertó sobre el riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de las organizaciones armadas, incluso para actividades relacionadas con la confrontación.

La situación también podría afectar al pueblo indígena U’wa, particularmente en los resguardos Guanu´wa Rauriu´wa y Chaparral Barro Negro, por las amenazas contra su autonomía y gobierno propio.

Asimismo, la Defensoría advirtió sobre amenazas, estigmatización y desplazamiento de personas firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación, además de intimidaciones contra líderes y lideresas de juntas de acción comunal y funcionarios públicos locales.

28 recomendaciones a las autoridades

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 28 recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el propósito de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos y proteger a las comunidades en riesgo.

Entre las entidades requeridas se encuentran los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Las recomendaciones incluyen acciones de prevención y protección, investigación y acceso a la justicia, asistencia humanitaria, fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y coordinación institucional para responder oportunamente a los riesgos advertidos.

La Defensoría recordó que las alertas tempranas “son preventivas, no predictivas”, y que su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.

 

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